En estas dos últimas semanas, las falsas alarmas de bombas que han movilizado a la policía a los más diversos lugares, como estaciones de metro, colegios, organismos públicos y canales de televisión, se han transformado en pan de cada día y dejan instalada la sensación de que estamos solo antes un grupo de bromistas y no ante individuos que buscan crear un ambiente enrarecido previo a la conmemoración de otro día más del Joven Combatiente: cada 29 de marzo, se recuerda el asesinato de los hermanos Vergara, a manos de efectivos policiales, durante los ’80.

El clímax es el caso del ex procurador que seguramente no había terminado su trabajo y por eso llamó desde su celular para avisar de una bomba en tribunales, los que fueron desalojados. Por flojo, ahora enfrenta el riesgo de cárcel.

Pero no eso en lo que quiero concentrarme: en este contexto, Chilevisión ha recibido dos llamadas alertando de bombas en sus instalaciones, lo que Carabineros determinó luego de desalojar al personal, que era falso. TVN padeció los mismos avatares que CHV.

En el primer caso, la voz masculina que llamó a la guardia de CHV se quejó de su línea programática. No se sabe si ocurrió lo mismo con TVN.

Pueden ser bromistas de mal gusto. Pero tampoco es buena idea dejar pasar estos eventos. El 2007, en medio de la huelga de contratistas del cobre, detonó un artefacto explosivo en la antena de una radio de Diego de Almagro, en la Región de Atacama. Se trata de hechos graves que hay que investigar y determinar si responden a reacciones a la labor de los medios y de la prensa en general.

El 25 de enero pasado, el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Valderrama, prohibió el acceso de la prensa a la sala donde se conocería una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Ricardo Blanco, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago.

El Código de Procedimiento Penal contempla como una excepción la posibilidad de realizar esta primera etapa del proceso sin público y sin prensa, a petición de la defensa. Sin embargo, el abuso de esta atribución por parte de los jueces de garantía ya ha sido criticada en ocasiones anteriores.

La medida fue rechazada por el Colegio de Periodistas y la Agrupación de Periodistas de Tribunales por considerar que, en este caso, “se trata de un tratamiento inusual, sino especial, a un caso en el cual se vio involucrado un ministro de la Corte de Apelaciones”.

Los presidentes de ambas organizaciones, Luis Conejeros y Mario Antonio Guzmán, respectivamente, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, quien se comprometió a realizar una investigación a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez.

La esposa de Blanco, Jeannette Dávalos Bascuñan, finalmente retiró los cargos contra Blanco y, por lo tanto, el fiscal Jorge Martínez, miembro de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Oriente de Santiago, no pudo formalizar al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel por violencia intrafamiliar.